La Plataforma Sanse-Alcobendas considera inadmisible el abandono institucional que sufren las familias más golpeadas por la emergencia social.
La Plataforma Ciudadana Sanse-Alcobendas, creada por vecinos y vecinas de ambas localidades para desarrollar iniciativas solidarias de apoyo a las familias más desfavorecidas y para reclamar a los Ayuntamientos planes integrales para hacer frente a la emergencia social, se muestra preocupada por el abandono institucional que sufren numerosos ciudadanos. Siete meses después del inicio de la pandemia, siguen sin ponerse en marcha medidas de protección social a la altura de la situación y algunas medidas anunciadas, como la despensa municipal en San Sebastián de los Reyes, aún no han visto la luz o se cambia la política de ayudas ya existente, como la beca comedor haciéndola más inaccesible a las familias al tener que adelantar el dinero. Mientras tanto, los voluntarios de la Plataforma reciben numerosas llamadas de familias en situación de vulnerabilidad que necesitan comida, ayuda para comprar bienes de primera necesidad como material escolar o mascarillas, asesoramiento para tramitar el Ingreso Mínimo Vital y los bonos sociales para suministros básicos como la calefacción. Ellos nos señalan que los Servicios Sociales dan cita muy tarde o apenas prestan la ayuda que precisan.
El pasado seis de septiembre fue el último día que la Plataforma Ciudadana Sanse-Alcobendas realizó su reparto solidario de comida, que venía organizando con regularidad desde el inicio de la pandemia. Para entonces, esta Plataforma confiaba que los Ayuntamientos hubieran puesto en marcha medidas para atender las necesidades básicas de muchos vecinos y vecinas. Además, las personas integrantes de la Plataforma no contaban con más capacidad para organizar repartos solidarios pues con septiembre llegaba la incorporación al curso y a la rutina laboral de las personas voluntarias, se había constatado el agotamiento del donante (pese a que con su solidaridad los vecinos han estado a la atura de la situación) y siempre había quedado claro que son las administraciones quienes deben garantizar el derecho de todos los vecinos a una vida digna.
Un mes después, los integrantes de la Plataforma siguen recibiendo llamadas diarias de las familias en situación de vulnerabilidad con las que mantienen el contacto y de otras familias nuevas que piden ayuda. Los apoyos prometidos siguen sin llegar a todos, las familias no se sienten bien atendidas por los Servicios Sociales municipales, bien porque les dan cita tarde o porque se pierden en el laberinto burocrático para pedir ayudas y éstas no son inmediatas. Se ha iniciado el curso escolar y la Plataforma trata de dar respuesta a las necesidades de los más pequeños : material fungible, gel y mascarillas para su escolarización. Se acerca el frío y en muchas vivienda/habitaciones no tienen calefacción o si la hay, las familias no podrán afrontar el gasto.
En Alcobendas aún hay familias que siguen pidiendo comida y necesitan cubrir el gasto del alquiler. Algunas no cumplen los requisitos del IMV o para las ayudas a la vivienda y no tienen recursos.
En Sanse, las familias ven cómo por primera vez tiene que adelantar el dinero del comedor escolar de sus hijos en espera de la beca no disponiendo de recursos entonces para el alquiler, otros no se atreven apuntar a sus hijos al comedor por el cambio de políticas de las becas que no garantiza el cobro de la ayuda a los colegios o se plantear borrar a sus hijos de la escuela infantil para no tener que abonar los 100 euros que supone el comedor escolar. consideramos inadmisible estas situaciones que conocemos a pide de calle siete meses después del inicio del estado de alarma y reclamamos a los Ayuntamientos que hagan frente de una vez a esta emergencia social.
En las reuniones mantenidas con los Ayuntamientos, sus representantes nos han señalado repetidamente que las ayudas desplegadas eran suficientes y no podían hacer más por la regla del techo de gasto. Por nuestros contactos sabemos que la ayuda prestada por los Ayuntamientos no es ni de lejos suficiente, los programas prometidos no se están poniendo en marcha. Además, el gobierno central ha suspendido la regla del techo de gasto a los ayuntamientos. La emergencia social está muy lejos de resolverse en nuestros municipios.
Los equipos de gobierno de ambos Ayuntamientos pueden y deben poner en marcha planes integrales que garanticen a TODOS los vecinos y vecinas el derecho a una vida digna.
